El proyecto de ley 7752/2023-PE pretendía modificar el artículo 3 de la Ley 29811, que establecía una moratoria al ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados (OVM) en el país. Foto: Codeco – Congreso.
El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto Palacios, expresó su satisfacción por la decisión del Congreso de la República de excluir dos temas controvertidos de la delegación de facultades al ejecutivo: la liberación de semillas transgénicas y la unificación de los organismos reguladores. Soto Palacios señaló que en esa misma línea, la Comisión Permanente del Congreso ratifique esta votación, considerando que es un paso crucial en la defensa de los derechos de los consumidores y en la protección de la biodiversidad del país.
“El Perú es reconocido a nivel mundial por su megadiversidad, siendo centro de origen de cultivos tan importantes como la papa, el tomate, el cacao y la quinua. Esta diversidad no solo es un patrimonio natural invaluable sino también una ventaja competitiva en el mercado agroexportador, donde los productos orgánicos y libres de transgénicos son altamente valorados”, anotó.
Sin embargo, recordó que el proyecto de ley 7752/2023-PE pretendía modificar el artículo 3 de la Ley 29811, que establecía una moratoria al ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados (OVM) en el país. Esta propuesta buscaba permitir la investigación y producción de OVM, la edición génica y otras técnicas modernas de biotecnología, argumentando que esto contribuiría a la sostenibilidad de la agricultura y a enfrentar los efectos del cambio climático.
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) ha demostrado capacidad para desarrollar y proveer semillas mejoradas y certificadas sin recurrir a tecnologías transgénicas, ayudando así a los agricultores a mejorar la productividad de manera sostenible y sin los riesgos asociados a los OVM, anotó Wilson Soto.
Por otro lado, la propuesta de modificar la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, buscaba establecer medidas de articulación y coordinación entre los organismos reguladores. Wilson Soto Palacios y otros expertos advirtieron que esto podría comprometer la autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera de estos organismos.
La experiencia ha demostrado que la fragmentación y falta de coordinación pueden ser problemáticas, pero la solución no debería implicar la pérdida de independencia de los organismos reguladores, que deben mantenerse alejados de influencias políticas y empresariales para cumplir su función de proteger los derechos de los consumidores y garantizar la calidad de los servicios públicos, anotó.
El titular de la comisión de defensa del consumidor, Soto Palacios señaló que es importante que estas decisiones técnicas y especializadas no sean influenciadas por intereses políticos o empresariales, garantizando así la eficiencia y autonomía de los organismos reguladores y la sostenibilidad de la agricultura peruana.
Fuente: Gestión
